Distribuidores de automóviles de México y Latinoamérica buscan justa relación con sus plantas armadoras

Solo Brasil cuenta con legislación que regula la relación distribuidor-planta
*“Los distribuidores de automotores latinoamericanos se manifiestan en contra de la cancelación unilateral de contratos de distribución, la venta directa de vehículos por parte de los fabricantes e importadores con precio y condiciones de venta mejores a las otorgadas a los distribuidores, la asignación unilateral de inventarios y el condicionamiento de los mismos, así como la omisión de responsabilidad en la liquidación de pasivos ante una rescisión injustificada”, estableció Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, la ALADDA, en la Declaración de Sao Paulo
* La normatividad en los países de origen de los fabricantes concede la factibilidad de hacerlo, y, además,  se pronuncian porque las autoridades de cada país deben impulsar y facilitar el marco jurídico necesarios

Rogelio ROY

Sentado al centro de la foto, el presiente de la ALADDA, Guillermo Prieto Treviño, quien se pronunció por un trato equitativo entre las plantas armadoras y sus distribuidores, tal y como ocurre en sus países de origen.

Sao Paulo, Brasil.– Desde hace décadas, los concesionarios de las plantas armadoras, han buscado se les dé un trato justo por parte de sus respectivas plantas, ya que no se cuenta con una legislación que ampare los derechos y obligaciones de ambas partes. Es decir, el binomio planta-distribuidor, no siempre ha pasado por buenos momentos, sino que al correr de los tiempos ha habido dificultades. Y creo es necesario e ingente, el dar solución a este problema de mucha antigüedad. Y este asunto no es solo privativo de México, sino, por lo que se observó en esta reunión, de todas las naciones del sur del continente americano.

Por eso precisamente, fue muy provechosa la ultima reunión de los distribuidores latinoamericanos, ya que éstos se pronunciaron porque se legisle en la materia, por cada una de las jurisdicciones de sus respectivos países, para dejar bien establecida una sana y justa relación entre las plantas armadoras y sus distribuidores autorizados. Tal y como ocurre, desde luego, en los países donde están las casas matrices de las armadoras, como Estados Unidos, China, Japón, Corea, Alemania, Francia, Italia y España, entre otras, donde sí existe una relación armónica entre estas dos partes.

“Resultado del avance tecnológico, la competencia extrema entre fabricantes de vehículos, nuevas alternativas de movilidad y la creciente regulación gubernamental en todos los países de la región, los distribuidores de automotores de Latinoamérica buscarán renovar su marco jurídico prevaleciente con su principal proveedor –el fabricante de vehículos automotores–,  para mejorar la sustentabilidad de sus inversiones”, fue lo acordado en la Declaración de Sao Paulo, que fue signada por los miembros de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), naciones entre las que se encuentra México.

Guillermo Prieto Treviño, presidente de la ALADA, tras la firma de esta importante declaración, subrayó que “ante este panorama, el negocio de la distribución de automotores requiere de un marco jurídico que regule la relación con los fabricantes e importadores, con el objeto de equilibrar las desiguales posiciones de poder y garantizar las condiciones mínimas para recuperar las inversiones”.

El informe detalla que los países de la región, según recomendó la ALADDA, requieren legislar sobre la relación que tienen distribuidores, importadores y armadoras para proteger a los peldaños más frágiles de esta relación, garantizando contratos con las cláusulas mínimas que concedan la operación del negocio y la salvaguarda de su patrimonio.

Guillermo Prieto en esta mismo foro, indicó que solamente Brasil cuenta con una normatividad en esta materia conocida como la Ley Renato Ferrari de 1979, cuya última renovación fue en 1990, por lo que también requiere de una nueva actualización.
La Declaratoria de Sao Paulo estableció que “de forma enunciativa más no limitativa, los distribuidores de automotores latinoamericanos se manifiestan en contra de la cancelación unilateral de contratos de distribución, la venta directa de vehículos por parte de los fabricantes e importadores con precio y condiciones de venta mejores a las otorgadas a los distribuidores, la asignación unilateral de inventarios y el condicionamiento de los mismos, así como la omisión de responsabilidad en la liquidación de pasivos ante una rescisión injustificada”.

“Y es que la legislación, comparada con los países de origen de los fabricantes de automotores, demuestra que es factible establecer un marco jurídico que regule esta relación”, confiere el documento.

Lo dicho al principio de esta nota. Que se aplique el mismo rasero, la misma legislación y el mismo marco jurídico para la relación armadoras-distribuidores, tal y como ocurre en los países de origen de las marcas. Hacer lo contrario sería amén de inequitativo,  discriminatorio. Como si hubiese tratos de primera y de segunda para los países de economías emergentes, como son en su mayoría las latinoamericanas.

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